Tanto la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, como el Ministro de Gobernación, alertaron a la diputada Nineth Montenegro sobre que se estaba planificando un atentado en su contra.

Son condenables las amenazas contra cualquier ser humano independiente de su ideolología, evidentemente hay sectores a los que les cuesta entender que ya no se puede, ni debe seguir con prácticas arcaicas como la de sembrar terror, como habitualmente  se practicaba durante la guerra que sufrimos durante  36 años en Guatemala.

Hay que reconocer  que en la historia reciente y en la coyuntura actual Nineth Montegro ha sido protagonista del qué hacer social y político del país. Surgió como fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, reivindicando el aparecimiento con vida de su esposo el dirigente sindical Fernando García, luego se involucra de lleno a la política partidista, resultando electa diputada por ya 3 periodos consecutivos, sino me falla la memoria, donde no ha pasado desapercibida, siendo un referente de la fiscalización del gasto público.

Pueda ser que a unas personas compartan sus causas o no, o/y les guste su estilo de hacer política y a otros no, pero toda persona que se dice ser democrática, lo menos que puede hacer es condenar tan deleznable intención de atentar  contra su vida y solidarizarse con ella.

Más recientemente, agotó todos los recursos legales para obtener los datos de los beneficiados del programa de gobierno “Mi Familia Progresa” logrando su cometido, además que el titular de educación tuvo que ser destituido  por incumplimiento de la resolución de la acción de Amparo por ella interpuesta.

Resulta sintomático que justo después de lo sucedido, se piense en atentar contra su vida, afortunadamente se supo antes de que se consumara tan macabro plan, es evidente que de haber dado muerte a la parlamentaria una vez más se hubiera inculpado a funcionarios del gobierno central de su muerte e incluso señalar a la primera dama, Sandra de Colom, tal y como muchos se precipitaron al hacerlo y salir a las calles, como sucedió con la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg.

¿Pero quiénes podrían estar interesados en inculpar al gobierno en otro escándalo?

No se trata de una defensa oficiosa del actual gobierno que sin duda ha cometido errores, como los anteriores, únicamente se trata de hacer un análisis del mapa político para suponer de dónde venía dicho plan.